Arleen Rodríguez Derivet/Especial para En Rojo
El año 2011 ha comenzado con el más importante desafío para las autoridades norteamericanas en procesos cruciales para la solución, el estancamiento o la profundización de la enorme herida que el terrorismo abrió entre Cuba y los Estados Unidos.
En El Paso, Texas, un tribunal norteamericano ha retomado el caso de Luis Posada Carriles, coautor intelectual del más atroz acto de terrorismo del siglo XX en este hemisferio –la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano con 73 personas a bordo sobre las costas de Barbados en 1976–, pero no por ese crimen, sino por otros delitos menores relacionados con mentir a las autoridades de Inmigración del país, que hace más de 50 años acogió a Posada, como a cientos de enemigos de la Revolución Cubana para entrenarlo y convertirlo en “experto en demoliciones”, al servicio de la CIA para su guerra sucia contra el gobierno de la Isla.
La novedad esta vez es que entre las mentiras al parecer se estarían considerando las negativas expresas de Posada sobre su implicación directa y responsable en los atentados con bombas contra instalaciones turísticas cubanas en 1997, una de las cuales causó la muerte al turista italiano Fabio Di Celmo, en tanto las restantes provocaban pánico y destrozos considerables en la infraestructura hotelera de mayor nivel en Cuba.
La conclusión se desprende de un hecho hasta ahora inédito en las farsas de juicio a Posada desde que en 2005 entró ilegalmente a los Estados Unidos: entre las pruebas de sus mentiras estarían las grabaciones de la entrevista que el terrorista concedió a la periodista Ann Louise Bardach para The New York Times en 1998 y en las cuales presumía de estar detrás de los atentados del año anterior en instalaciones turísticas de La Habana y Varadero. También la Bardach se anuncia como testigo, habida cuenta de los cuestionamientos a aquellas declaraciones que hizo posteriormente el mentiroso.
Los familiares de las víctimas del crimen de Barbados y de Fabio Di Celmo, siguen con atención el proceso que podría durar meses y que, hasta donde se sabe, si acaso derivará en unos pocos años de cárcel para quien se ha burlado largamente de los que demandan justicia, al amparo de la impunidad de que ha gozado hasta ahora, residiendo en Miami, la ciudad cuartel de todos los grupos violentos que nacieron de la abierta hostilidad norteamericana contra Cuba desde 1959.
Libros autobiográficos del propio Posada (Los caminos del guerrero) y de Orlando Bosch, su cómplice en numerosos crímenes –no sólo contra Cuba– más cientos de documentos desclasificados por el gobierno norteamericano y hechos públicos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, prueban fehacientemente la carrera criminal de alguien que, más que un simple soldado de fortuna, es un arquetipo de los servidores de la CIA en la guerra contra todos los procesos revolucionarios y progresistas de la región.
Pero, según los expertos, con Posada, como antes con Bosch –quien fuera indultado personalmente por George Bush padre, siendo presidente- las autoridades norteamericanas no se atreven a traspasar el umbral de la justicia, no obstante el desprestigio que entraña desconocer su prontuario terrorista, porque el monstruo fue engendrado por ellos mismos.
El Habeas Corpus de Gerardo Hernández
Mientras en El Paso se dilucida si Wáshington ahora optará por aplicar, aunque sea tangencialmente, algún tipo de castigo al Ben Laden de este hemisferio, en Miami la jueza Joan Lenard, debe decidir si acepta el habeas corpus de Gerardo Hernández, condenado en 1998 a dos cadenas perpetuas más 15 años, por ser el jefe de una red de agentes cubanos, cuyos informes, en parte, hicieron posible conocer el origen y detener in fraganti a los autores materiales de los atentados de 1997.
Hasta las fechas que corren, ha resultado una escandalosa contradicción que Gerardo y cuatro compañeros suyos que habían penetrado las células terroristas anticubanas (Los Cinco), evitando otros atentados y nuevas muertes, estén purgando elevadas condenas en cinco cárceles federales consideradas entre las peores de Estados Unidos, mientras los terroristas se exhiben y anuncian nuevas acciones, en actos públicos en La Florida (
www.diariolasamericas.com/noticias/1126065/pda).
No sobra recordar que, un año después de ser descubierta e interrumpida la escalada de atentados a la red turística cubana, en mayo de 1998 Gabriel García Márquez fue portador de un mensaje personal de Fidel Castro al entonces presidente William Clinton, proponiéndole colaborar en la lucha antiterrorista. La urgencia de aquella comunicación que en mayo de 2005 Castro desclasificó en su memorable discurso “La conducta diferente” (
www.granma.cubaweb.cu/secciones/ultraje/art96.html) provenía del aviso sobre nuevos planes terroristas desde Miami contra vuelos turísticos hacia La Habana.
La propuesta fue respondida con una reunión de expertos cubanos y del FBI en la capital cubana en junio de ese propio año, donde quedó establecido el compromiso de las autoridades norteamericanas de actuar contra los terroristas.
El compromiso jamás fue cumplido y en cambio el 12 de septiembre de ese propio año, fueron brutalmente detenidos, incomunicados en el hueco por 17 meses y luego procesados con serias violaciones de las leyes federales, cinco antiterroristas cubanos que aún permanecen en cárceles de Estados Unidos por haberse negado a declarar que habían sido enviados por Cuba para hacer daño a la seguridad nacional de ese país.
En el transcurso de 12 años, los Cinco, declarados héroes de Cuba y defendidos por personalidades de todo el mundo, han apelado a todas las instancias judiciales y han obtenido migajas de alivio a las condenas de algunos (dos de ellos, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, vieron rebajadas sus cadenas perpetuas a 30 y 20 años respectivamente), pero a Gerardo Hernández se le cerraron los caminos legales en la Corte Suprema que se negó a revisar el caso en su conjunto.
El habeas corpus parece ser el último recurso para este hombre que acaba de cumplir 44 años en una cárcel de máxima seguridad en Victorville, California, donde está privado de recibir visitas de su esposa Adriana Pérez, a quien el gobierno norteamericano le ha negado la visa reiteradamente.
Se trata esencialmente de probar que Gerardo no tuvo nada que ver con el derribo de las dos avionetas del grupo Hermanos al rescate, derribadas por la aviación cubana en febrero de 1996 y que fue utilizada por los grupos anticubanos de Miami para presionar una acción militar contra Cuba en época de Clinton, quien no cedió a ella, pero sí lo hizo a la de firmar la llamada Ley Helms-Burton, que eterniza el bloqueo a la Isla.
Los diarios Miami Herald y El Nuevo Herald de esa ciudad, están cuestionados en el habeas corpus de Gerardo por su responsabilidad en la contaminación del ambiente que rodeó el juicio contra los Cinco, periodo durante el cual periodistas de esos medios cobraron altas sumas de agencias del gobierno por producir noticias y comentarios que incitaban a las mayores condenas contra los “espías”, calificados así constantemente, aun antes de que se les declarara a tres de ellos culpables de “conspiración para el espionaje” (que no es lo mismo ni se escribe igual) por un jurado altamente prejuiciado.
En una reciente maniobra que recuerda aquella práctica, ambos medios han manipulado la demanda de Gerardo, haciendo creer a la opinión pública que el héroe cubano se ha puesto contra su gobierno en relación con el lugar del derribo de las avionetas.
(
http://www.elnuevoherald.com/2010/12/26/859636)
No es casual que tal manipulación se haya producido en las vísperas del juicio contra Posada. Los abogados del terrorista intentan quitar toda credibilidad a los argumentos y pruebas provenientes de Cuba que podrían ser consideradas por vez primera en su caso. Decir que Gerardo contradice a las autoridades cubanas resulta igualmente útil a Posada como a los medios locales de Miami.
Lo que han soslayado, intencionalmente también, es el centro de la apelación: al margen del sitio exacto donde fueron derribadas las avionetas –según Cuba en sus aguas territoriales, según sus adversarios en aguas internacionales– lo verdaderamente valioso al caso es que Gerardo no tuvo que ver con la decisión del derribo, avisada en múltiples ocasiones por las autoridades de la Isla que se negaron a seguir permitiendo la violación frecuente y amenazadora de su espacio aéreo por un grupo liderado por José Basulto de conocido prontuario terrorista.
La importancia de ese tema en el habeas corpus de Gerardo es fundamental para un proceso permeado de irregularidades, especialmente en su caso. Cuando tres de los cinco fueron resentenciados el pasado año, Gerardo debió recibir el mismo tratamiento porque, como Ramón y Antonio, cumplía una perpetua por el cargo de conspiración para el espionaje. El argumento para no revisarle a él esa exagerada condena para un cargo que jamás se ha probado, fue tan simple como malicioso: si ya tiene otra cadena perpetua (la de conspiración para el asesinato), no tiene sentido que se le revise la otra.
Y esa arbitraria decisión se tomó sin considerar otros asuntos cardinales manejados una y otra vez por las instancias de apelación: la fiscalía acusó a Gerardo de conspiración para el asesinato en primer grado y en medio del proceso se percató de que no tenía manera de probarlo, así que pidió a la jueza Lenard e incluso al tribunal superior de Atlanta que cambiara el cargo por serle desde todo punto imposible probarlo.
Tanto la jueza como Atlanta se negaron a aceptar el cambio y por ese cargo, que los propios acusadores se declararon (por escrito) incapacitados de probar, el jurado declaró culpable a Gerardo y la jueza le dio cadena perpetua.
Quienes siguen de cerca el caso de los Cinco, advierten el perfecto vínculo entre las acciones terroristas contra Cuba y el modo de operar contra los luchadores infiltrados en sus células que se han convertido en rehenes del odio contra una Revolución que medio siglo de acciones criminales no han podido derribar.
El cargo por el derribo de las avionetas fue introducido deliberadamente en el proceso contra los Cinco, varios meses después de iniciado. Era el modo de calmar los ánimos de los grupos terroristas que fueron interceptados en aguas del Caribe cuando viajaban artillados hasta los dientes para ejecutar uno de los cientos de atentados planificados contra Fidel Castro, esa vez en la Cumbre Iberoamericana de Margarita, Venezuela, en 1997. En el juicio celebrado en Puerto Rico, en 1998, los terroristas fueron absueltos, pero jamás le perdonaron a las autoridades yanquis que frustrara sus planes, como tampoco aceptarían posteriormente, la decisión de devolver a su padre y a su país al niño cubano Elián González, secuestrado en Miami y convertido temporalmente en trofeo de los grupos anticubanos allí.
No es un dato menor que Héctor Pesquera era el hombre a cargo del FBI en Puerto Rico cuando se absolvió a los tripulantes del yate La Esperanza que preparaban el atentado en Margarita; que se convirtió rápidamente en el jefe de ese órgano en La Florida y fue el encargado de arrestar a los Cinco con métodos y procedimientos que las Naciones Unidas han considerado arbitrarios e ilegales.
No es raro encontrar de nuevo a Pesquera en responsabilidades asociadas a los puertos de la Florida en el año en que Posada entra ilegalmente en el barco Santrina a los Estados Unidos. En muchos vídeos de esos años de impunidad para el terrorismo y persecución para los luchadores antiterroristas, Pesquera aparece más de una vez junto a los grupos anticubanos y ofreciendo declaraciones a cuanto medio le pusiera un micrófono para estimular el ambiente de odio que explica la larga cadena de injusticias contra los Cinco.
Si finalmente este año 2011 comienza con un stop a la impunidad en El Paso y una aceptación del habeas corpus en Miami, aun quedaría un largo trecho por vencer. Demasiados años de impunidad para los terroristas, demasiado abuso contra los que tuvieron el coraje de enfrentarlos y destruir sus planes sin usar una sola arma, sin disparar un solo tiro.
Demasiada mentira ha nublado el camino de la justicia que, en cualquier caso, siempre llegará tarde, si es que llega: si Posada y Bosch hubieran cumplido sanción por el crimen de Barbados, no habría habido estímulo para otros terroristas o para las posteriores acciones de ellos mismos; no habrían existido los atentados del 97 en La Habana y no habría muerto Fabio Di Celmo. Probablemente ni siquiera habría existido la necesidad de que agentes cubanos se infiltraran en grupos violentos para frustrar sus planes, porque eso lo habrían hecho los que tienen el deber y la responsabilidad de hacerlo.
Pero si a contrapelo de la larga historia de impunidad y complacencia con el terrorismo, de los prejuicios contra Cuba y de los abusos contra los Cinco, este año comenzara en los tribunales norteamericanos, dándole una oportunidad a la verdad, habría razones para creer que un día la profunda herida que abrió el terrorismo y ha hecho tan largo y oscuro el camino de las no relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, podría comenzar a cerrarse.
La autora es una de las conductoras de Mesa Redonda y columnista de Juventud Rebelde, Cuba.
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