Comité Nacional por la Libertad de los Cinco
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Nuevos expedientes legales de los Cinco Cubanos: Un nuevo paso en el proceso de apelaciones
En
sus expedientes legales, presentados en febrero a la corte federal en
Miami, dos de los Cinco Cubanos - Fernando González y Ramón
Labañino-respondieron con fuertes argumentos a los fiscales de EE.UU.
acerca de por qué sus sentencias-y las de sus compatriotas, los Cinco
Cubanos - deben de ser revocadas.
En el centro de sus recursos de habeas corpus para la apelación
se encuentra la apabullante revelación de que muchos periodistas de
Miami que vilipendiaron a los Cinco durante su juicio, en los años
2000-2001, se encontraban en las nóminas de pago del gobierno de EE.UU.,
el mismo gobierno que estaba acusando a los Cinco.
En los Estados Unidos, después que queda agotado el proceso
directo de apelaciones, el habeas corpus les permite a los prisioneros
recusar sus sentencias, particularmente a la luz de evidencias
exculpatorias que no fueron dadas a conocer durante el juicio. Sin
embargo, debido a la Ley de Pena de Muerte Efectiva y Anti-terrorismo
del año 1996, firmada por Bill Clinton, los acusados tienen solo una
oportunidad, reducida a un lapso de un año, para ejercer este derecho.
Revelados los Pagos Secretos del Gobierno a Periodistas de Miami
En 2006, el reportero de Miami Herald,
Oscar Corral, publicó un reportaje en la primera plana, revelando a 10
periodistas de Miami que recibieron pagos regulares del gobierno de
EE.UU., por programas en Radio Martí y TV Martí, vehículos
multimillonarios de propaganda del gobierno, cuyo propósito es promover
la contrarrevolución en Cuba. Ninguno de los reporteros, empleados por
los más notables e influyentes medios de comunicación de Miami, reveló
que estaba recibiendo miles de dólares del gobierno.
Este desenmascaramiento de una operación encubierta del gobierno
en los medios de Miami resulta de vital importancia. Desde el mismo
inicio de su causa, el equipo de la defensa de los Cinco Cubanos libró
una batalla por lograr trasladar el juicio fuera de Miami-aun
desconociendo acerca del pago del gobierno a los periodistas. Miami es
una ciudad tan infectada de la histeria y los prejuicios en contra de
Cuba, que resultaba imposible para los Cinco tener un juicio justo allí.
Los Cinco Cubanos nunca deberían haber sido arrestados, en primer
lugar, porque su misión era proteger a Cuba del terrorismo proveniente
de Miami y respaldado por EE.UU.
Por otra parte, la Fiscalía, sacando provecho del ambiente
manipulado por los medios, luchó con uñas y dientes para garantizar que
los Cinco no fueran juzgados en otro lugar que no fuera Miami, por
razones que ahora resultan devastadoramente obvias.
Solo la punta del iceberg
Sobre
la base de la revelación de Oscar Corral, el Comité Nacional por la
Libertad de los Cinco Cubanos llevó a cabo una batalla, que ahora ya
tiene tres años de duración, con el fin de continuar poniendo en
evidencia la conexión entre el gobierno de EE.UU. y los periodistas de
Miami en relación con el caso de los Cinco.
Las múltiples solicitudes presentadas por la Ley de Libertad de Información por el Comité Nacional y el periódico Liberation-con
la asistencia legal pro bono del Fondo de la Asociación para la
Justicia Civil-reveló una conexión mucho más amplia y profunda que la
que ya había sido descubierta. La agencia que dirige a Radio y TV Martí
es el Buró de Radiodifusión del Gobierno (BBG - sigla en inglés), el
cual forma parte del Departamento de Estado de EE.UU. Miles de páginas
de contratos, puestos al descubierto, prueban que BBG ha empleado un
equipo completo de periodistas del ala derecha de Miami. Los contratos
muestran pagos del gobierno por un monto de cerca de $1 millón de
dólares a 27 periodistas.
Resulta de crucial importancia que los contratos muestran que
los pagos se remontan a 1999, un año antes del juicio de los Cinco. En
otras palabras, los mismos periodistas de Miami que llevaron a cabo una
campaña mediática sin precedentes en contra de los Cinco, antes y
durante su juicio, estaban siendo pagados en secreto por el demandante
en el caso, ¡el gobierno de EE.UU.! Hay una fuerte razón para creer que
los pagos se remontan más atrás aun, pero BBG se niega a hacer más
revelaciones.
Esta explosiva información, desconocida en el momento del
juicio, es una parte medular de todo el habeas corpus de las apelaciones
de los Cinco Cubanos. Si esto hubiera sido conocido durante el juicio,
no existe duda de que el mismo pudiera no haber tenido lugar en Miami.
Gerardo Hernández, quien se encuentra cumpliendo injustamente
dos cadenas perpetuas, una de ellas por la falsa acusación de
conspiración para cometer asesinato, enfoca su habeas corpus en un
asesoramiento inefectivo y su real inocencia en el derribo por el
gobierno cubano, en 1996, de dos aviones de Hermanos al Rescate que
invadieron el espacio aéreo de Cuba. Su apelación se refiere también a
los reporteros pagados por el gobierno de EE.UU.
Los recursos habeas corpus y las absurdas evasiones del gobierno
El
primer paso en el proceso de habeas corpus era llenar un documento, una
notificación formal de apelación. Después cada uno de los abogados de
las apelaciones de los Cinco presentó un memorando, elaborado sobre la
base de los argumentos.
La respuesta del gobierno a los memorandos de Fernando y Ramón fue presentada a la corte a fines de 2011.
'En la respuesta del gobierno, más que refutar que una agencia
del gobierno estaba entregando grandes sumas de dinero a periodistas de
Miami, la Fiscal Asistente de EE.UU., Carolyn Heck-Miller, simplemente
proclamó que los periodistas no estaban afectados por los pagos. "Las
inferencias especulativas [de los acusados] acerca de que los pagos de
BBG por los servicios a Radio Martí debían haber influenciado y definido
a periodistas de publicaciones no gubernamentales, no tiene fundamento
alguno como evidencia."
En la respuesta de Ramón Labañino, del 19 de febrero, a
Heck-Miller, su abogado, William M. Norris escribió: "La respuesta del
gobierno al demandante con relación al argumento del proceso es,
francamente, escandalosa. En ningún momento el gobierno reconoce que
resultaría impropio o inconsistente con las normas básicas de un juego
limpio, el pagar en secreto a periodistas en la sede del juicio para
publicar artículos dando por cierta la culpabilidad de un agente
extranjero acusado...
"Pero observadores muy objetivos-desde el Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias hasta ex -presidentes de
EE.UU., y Amnistía Internacional-han declarado que el veredicto en este
caso provoca graves preocupaciones sobre el proceso, precisamente por
esta razón."
Heck-Miller pasó a declarar que los pagos eran "modestos" y, por
lo tanto, no era posible que influyeran sobre los puntos de vista de
los periodistas. Norris le recuerda a Heck-Miller que "los pagos no eran
en modo alguno modestos-un periodista, Pablo Alfonso, recibió $58,600
del gobierno solamente durante el juicio (un total de más de $250,000
todo junto), y él publicó artículos directamente sobre el juicio,
alegando que los acusados parecían culpables."
En una argumentación particularmente absurda del gobierno,
Heck-Miller arguyó que los fiscales y el Departamento de Justicia no
podían haber sabido sobre los pagos del Departamento de Estado a los
reporteros de Miami. La réplica de Norris refuta una vez más al fiscal:
"Es probable que en este caso, que involucra un conjunto importante de
temas de política exterior, el Departamento de Estado (el cual supervisa
la Oficina de Transmisiones a Cuba) fuera al menos consultado antes de
hacer la acusación."
Joaquin Méndez, Jr., abogado de Fernando González, fue aún más
fuerte en su respuesta a Heck-Miller, presentada el 17 de febrero: "Este
caso fue aprobado a los más altos niveles del gobierno nacional, no
simplemente por un fiscal local. Y este caso se trata no de un discreto
incidente delictivo, sino precisamente de un aspecto de un objetivo
nacional particularmente importante con respecto al gobierno cubano, con
asuntos que incluyen... una supuesta conspiración de espionaje; las
agencias de que se trata [BBG, Departamento de Estado, Departamento de
Justicia, etc.] no eran simples 'componentes del mismo gobierno,' sino
que estaban trabajando por el mismo fin."
En un caso que se trate de falsos cargos de conspiración para
hacer espionaje, todo el que crea el planteamiento del fiscal de EE.UU.,
de que el Departamento de Estado no está involucrado, requeriría
también una suspensión de la realidad.
El gobierno discute lo imposible
Después
que Heck-Miller discutió que los fiscales del gobierno no tenían
conocimiento-ni responsabilidad de conocer-acerca de los periodistas de
Miami pagados por el gobierno, ella ilógicamente aseveró que los Cinco
Cubanos y sus abogados debían haber sabido acerca de ello (¡!) y que
como ellos no plantearon estos relevantes hechos durante la apelación
directa, no pueden presentar esa evidencia ahora. Esto puede ser
considerado el gran final del alucinante absurdo de Heck-Miller.
Los abogados de Fernando y Ramón se refirieron a los planteamientos contradictorios de Heck-Miller:
Joaquín Méndez dijo, "...imaginar que la defensa hubiera sabido en 1999 o 2000, lo que el Miami Herald publicó
como noticia de primera plana acerca de sus propios reporteros en 2006,
excede cualquier ley remotamente referida al caso en la cual el
gobierno confía."
William Norris, Jr. añadió: "La información relevante, i.e.
acerca de que el gobierno le había pagado a estos periodistas, no estaba
públicamente disponible-el Miami Herald la obtuvo solo a través
de solicitudes a la Ley de Libertad de Información-y cuando fue revelada
[en 2006], 'desató una tormenta de protestas de los cubano-americanos y
de otros en el gran Miami.' El autor del artículo original del Miami Herald
recibió numerosas amenazas de muerte de los activistas contrarios a
Castro, y ha tenido que mudarse de su casa. Claramente, los hechos no
eran por mucho realidades mundanas esperando a ser citadas."
¿Una nueva audiencia de evidencias?
WEl
hecho de que los argumentos legales autorizados de los Cinco, en
correlación con el creciente apoyo público en todo el mundo, resultará o
no en el aseguramiento de una audiencia de evidencias, en la que el
tema de la conexión del gobierno con los medios pueda ser más aclarado,
está todavía por ver. Los abogados de la defensa están esperando saber
si la jueza Joan Lenard concederá una audiencia o no. Lenard fue también
la jueza durante el juicio.
Este es un largo proceso. El mismo le ha robado ya a los Cinco
13 años y medio de sus vidas y de tiempo junto a sus familias, por el
"delito" de salvar vidas.
Este proceso requerirá el esfuerzo continuado y determinado de
los miles de personas que apoyan activamente a los Cinco, de sus
abogados y del pueblo cubano para ganar la libertad de ellos.
Mientras tanto, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, el periódico Liberation
y el Fondo de la Asociación por la Justicia Civil continuarán
profundizando aún más en la búsqueda de información y movilizando al
público, junto con el movimiento mundial, para luchar por la libertad de
los Cinco.
Chris Banks, el autor de este análisis, es organizador en el Comité Nacional por los Cinco.
Favor de donar para ayudarnos en esta batalla por los Cinco!
Todo el trabajo del comité es hecho por voluntarios, y los fondos que
recogemos son usados para organizar apoyo para Los Cinco: Publicidad,
foros, protestas, medios publicitarios y conferencias de prensa, pagar
por anuncios en periódicos exponiendo el caso de Los Cinco y mucho más.
Encabezamos el importante proyecto de buscar e investigar las ilegales
violaciones del gobierno de Estados Unidos, como son los pagos secretos a
los periodistas de Miami, quienes cubrieron el juicio de Los Cinco en
una forma extremadamente dañina contra los enjuiciados.
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